No por ser planteadas por una concejal perteneciente a una bancada que ha ejercido una feroz oposición al alcalde Peñalosa, la administración queda relevada de precisar respuestas frente a dos que Xinia Navarro planteó en un reciente debate de control político.
1.- En la contratación para Transmilenio por la Carrera Séptima se estaría haciendo una clara violación a la norma establecida en la Ley 80 de 1993
En el debate la cabildante aseguró que el contrato de interventoría hecho para esta obra por 11 meses ha tenido ya 3 prórrogas; por otra parte, el contrato de consultoría hecho por 10 meses ha tenido 4 prórrogas y la última ya supera los 11 meses, cuando la norma establece que las prórrogas no pueden ser superiores a la mitad del periodo de duración del contrato.
Ante esta irregularidad, la concejal llamó la atención de los organismos de control y señaló que urge una investigación administrativa y fiscal de la contratación de Transmilenio por la Carrera Séptima.
Las mencionadas prórrogas tienen el agravante de que los costos adicionales que generen deberán ser asumidos por el IDU.
Así lo afirmó la misma interventoría en un informe que señala que toda vez que las prórrogas se hacen necesarias y demandarán más trabajo tanto de la interventoría como de la consultoría, estás reclamarán el pago de dicho trabajo adicional. ¿Cuánto le va a costar eso al IDU?
2.- No existe un plan de contingencia que ofrezca alternativas de movilidad y transporte público para los usuarios de la Carrera Séptima y de la Avenida Caracas.
Las prórrogas y los varios entregables que aún hacen falta en los estudios indican que las obras tardarán de 24 a 36 meses más en comenzar, eso significa que coincidirán en tiempos con las obras del metro.