Colombia accedió a la vacuna contra COVID con más problemas para su transporte.

La vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho no desestima el logro que significa llegar en poco tiempo a contar con vacunas, pero llamó la atención por la falta de transparencia en la información que ha exhibido el gobierno frente al tema, al punto de tener que acudir a recursos legales para poderla conocer.

No dudó en afirmar que resulta inaceptable por consideraciones ideológicas del gobierno Duque, que el país no haya contemplado la viabilidad de las vacunas de China o Rusia.

Enfatiza que se sabe de las dosis de vacunas que llegarían y considera que son insuficientes además de conocerse con claridad cómo se desarrollará el plan de vacunación.

La Dra. Corcho en el diálogo con Bogotá AM/PM en Radio Red RCN se refirió al polémico proyecto 010 que se discute en el Congreso y con el que se pretende una reforma al sistema de salud.

Afirmó que lo real y necesario es darle vía libre a la Ley  Estatutaria que restablezca el sistema de atención primaria, elimine la intermediación financiera, que garantice la formalización laboral de los trabajadores de la salud, una real política farmacéutica y una política de determinantes sociales que garantice la salud integral de los colombianos.

Bogotá AMPM (BAMPM).- ¿El gobierno tomó la decisión correcta frentea la vacuna que sea la más aconsejable contra el COVID para los colombianos?

Carolina Corcho (CC).- Bueno, el tema de la vacuna  es parte de la muy mala gestión del Gobierno Nacional frente a la pandemia.

El primer elemento es que el proceso no ha contado con transparencia. Lo primero que se tiene que decir es que cualquier vacuna que se adquiera en Colombia se va a comprar con recursos públicos de los colombianos y las colombianas, por tanto, esto debería ser un debate público abierto, con participación de sectores independientes, científicos independientes de universidades, de laboratorios, inclusive un acompañamiento internacional de la sociedad civil y con un sistema información público en línea que permitiera asegurar transparencia frente a una política pública que se financia con recursos de Colombia.

Nosotros hemos sido profundamente críticos porque no puede ser posible que la información a la que estemos accediendo en las negociaciones sobre las vacunas, sea información secreta y sea información a la que se tenga que acceder vía derecho de petición o vía tutelas. Esto no es aceptable.

Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que en medio de esta negociación, nosotros nos enteramos entonces que el gobierno, con criterios que no conocemos y que deberían ser públicos para la comunidad médico científica y la ciudadanía en general, accede a la vacuna que tiene más dificultades en el transporte.

Tenemos que entender que en el proceso de vacunación vamos a necesitar transporte que garantice una cadena de frío de aproximadamente menos 70 grados centígrados para estos componentes, estas vacunas, y así puedan conservar su seguridad y su eficacia. Si no se conserva esta cadena de frío la vacuna no sirve.

Otra pregunta que surge es ¿porqué el gobierno colombiano no abrió la posibilidad de acceder a varias vacunas?. Es decir, puso todos los huevos en una canasta. Por demás es una vacuna que tampoco nos garantiza que nos llegue en los tiempos estipulados.

Nosotros hemos sido críticos porque es que el presidente de Colombia, frente a un tema de salud pública, no se puede comportar como un jefe de un gobierno o de un partido político.

Aquí ha habido consideraciones ideológicas inaceptables que han impedido por ejemplo, considerar las vacunas de la China o de Rusia y todo por consideraciones ideológicas al final y no científicas.

En una perspectiva de salud pública, un jefe de Estado en protección de la población, tendría la obligación de evaluar técnica y científicamente esas vacunas. Hay cinco en el mundo en este momento que han salido adelante. Entre esas, la china, la rusa, que prácticamente ya van a llegar a tres países de América Latina, como México, Argentina y Brasil.

Que el gobierno colombiano esté negando sin consideraciones de tipo científico sino de tipo ideológico esas posibilidades para la ciudadanía colombiana, son inquietudes que a nosotros no nos han respondido. En suma no ha habido transparencia.

BAMPM.- Cómo vislumbra el proceso de vacunación contra la COVID en el país?

CC.- En este momento no tenemos claro un cronograma de vacunación en Colombia, cuándo va a llegar esa vacuna.  Sabemos que llegan 20 millones de dosis el otro año, lo que corresponde a diez millones de vacunas. Eso no cubre a la población y no va a solucionar el problema, aunque reconocemos que es un avance importante. Pero ese cronograma no es claro por la opacidad con la que se está dando el proceso de negociación.

BAMPM.- ¿Qué concepto le merece que los laboratorios estén liberándose de responsabilidad frente a la ocurrencia de potenciales efectos adversos de las vacunas?

CC.- En Colombia aprobaron una ley de la República en la cual el Estado colombiano asume las eventuales demandas de la ciudadanía por efectos y eventos adversos.

Es un avance importante que la humanidad en poco tiempo, con una tecnología nueva, haya logrado estas vacunas,  pero también somos conscientes de que nos saltamos muchos pasos.

El proceso de construcción y de investigación previo a una vacuna dura muchos años por eso hay que aumentar las precauciones y también porque en el mundo y en Colombia hay un movimiento antivacunas, el cual nosotros no compartimos, porque la vacuna ha sido fundamental para el control de las pestes en la historia del mundo, para el control de las enfermedades infecciosas.

Sin embargo ese movimiento antivacunas se va a fortalecer si no hay transparencia. La mejor manera de brindarle confianza a la ciudadanía para que se vacune es con el acompañamiento de la sociedad civil. Que esto sea transparente, claro, que podamos explicar los riesgos, hacer las evaluaciones por pares, académicos, científicos. Esa es la mejor respuesta frente al movimiento antivacunas.

Reforma al sistema de salud

BAMPM.- ¿Cuáles son las reservas suyas frente al Proyecto 010 sobre reforma al sistema de salud que se discute en el Congreso?

CC.- Lo primero es que en Colombia ya hay una ley estatutaria en salud expedida en el año 2015, que declara a la salud como derecho fundamental en Colombia.

¿Esto qué quiere decir? Que es exigible de manera inmediata por parte del Estado sin que medie capacidad de pago. Usted no tiene que demostrar que es rico o pobre para acceder a salud en Colombia y debería ser atendido de urgencias en cualquier hospital o clínica.

Lo que nosotros estamos esperando es que se implemente y se aplique la ley estatutaria y se reglamente por la vía de una ley ordinaria, esa ley estatutaria.

Contrario a esto, en medio de una pandemia en donde ya tenemos más de un millón cuatrocientos mil contagios y estamos superando las treinta y ocho mil muertes,- yo quiero que tengan en la cabeza lo que significa que se hayan perdido en Colombia en un año, cuarenta mil ciudadanos y ciudadanas, cuando muchas de estas muertes eran evitables y tenemos de las mortalidades más altas del mundo por millón de habitantes, – y que en medio de esta tragedia al Congreso de la República lo que se le ocurra es presentar un proyecto de ley para desconocer esta ley estatutaria que deroga la Ley 100 y seguir profundizando el negocio de la salud.

Hay un asunto que es muy grave. El sistema de salud en Colombia es un sistema de financiación pública. Cuando usted va a la Fundación Santa Fe Bogotá, a la Clínica Shaio, allí se están moviendo recursos públicos de todos los colombianos, a través de los aportes. Aquí no hay capitales privados. Aquí no hay inversiones privadas. Son recursos de los impuestos de los colombianos y son recursos de los aportes de los trabajadores y trabajadoras. Lo que pretende esta ley es que esos recursos, contrario a lo que ha dicho la Constitución Política, la Corte Constitucional y el propio Congreso de la República, pueden ser manejados como privados. Así lo han hecho en Colombia, porque no hay organismos de control.

Saludcoop hizo eso y saqueó 1.5 billones de pesos en Colombia. Lo que pretenden en el Congreso de la República es legalizar lo que hay. Esos recursos son de los colombianos. Quienes quieran hacer negocios con la salud, pues trabajen e inviertan, consigan sus capitales propios, pero no pueden pretender que con los recursos de todos los colombianos, que deben destinarse para la atención en salud, se les faculte hacer negocio. Esa es la discusión en el Congreso.

BAMPM.- ¿Qué debe considerar frente al Sistema de salud la Ley Estatutaria?

CC.- Cinco eventos debería contener un proyecto de ley que reglamente la ley estatutaria.

Primero.- Se tiene que restablecer el sistema de atención primaria en salud, pero restablecer un sistema de atención primaria en salud no es decir de manera demagógica, como este proyecto de ley, que habla de la prevención de la promoción, pero continúa manteniendo el poder de la EPS.

Un real sistema de atención primaria en salud social de los territorios.

Segundo Un proyecto que elimine la intermediación financiera.

Es que en Colombia hay demasiados actores extrayendo. A ver, aquí hay que aclarar un concepto que no hay empresarios de la salud. No hay empresarios de la salud si no hay aporte de capitales privados. Aquí hay extracción de rentas facilitada por leyes y resoluciones.

En este país eso hay que eliminarlo. Todos esos intermediarios financieros hay que eliminarlos para que los recursos de la salud lleguen a donde tiene que llegar, a la atención de los ciudadanos y las ciudadanas, a la prevención, a la promoción, al pago a los trabajadores de la salud.

Tercero. Tenemos que tener una política de formalización laboral de los trabajadores de la salud. El 80 por ciento están bajo formas de contratación precarias y este proyecto tampoco lo resuelve. Este proyecto de ley demagógicamente dice que va a prohibir la intermediación y la tercerización laboral.

Debo recordar que la tercerización laboral en el sector salud ya se prohibió en Colombia por diversas sentencias de la Corte Constitucional y Leyes de la República, incluida la ley estatutaria del 2015.

Necesitamos una política concreta que materialice la formalización de los trabajadores y trabajadores de la salud que hoy están enfrentando la atención de esta pandemia y entregando sus vidas.

Cuarto. Necesitamos una política farmacéutica. No podemos seguir en una política en la que Colombia está comprando medicamentos diez, setenta veces mucho más costosos que países de la Unión Europea, resultado de los negocios de la gran industria farmacéutica que hace aquí en Colombia.

Eso está contenido en la ley estatutaria y hay que desarrollarlo con una política de fondo para la creación de ciencia, tecnología y producción de medicamentos en Colombia, recuperando los derechos de propiedad intelectual y de patentes en Colombia.

Todo ese sistema se desmontó cuando contábamos con uno propio de investigación para producir nuestros  medicamentos, de los cuales depende la vida de cientos de miles de ciudadanos.

Quinto    Necesitamos una política de determinantes sociales de la salud. La salud no es solamente la prestación de servicios, es el agua potable, es el medio ambiente. Tiene que haber una manera de materializar esos otros derechos para garantizar la salud de los colombianos y colombianas.

BAMAPM ¿Porqué ha sido un imposible hacer realidad esa Ley estatutaria?

Ya diversas organizaciones de la sociedad civil llevamos un proceso de unos cinco años trabajando en un proyecto de ley ordinario, un proyecto de ley alternativo con los más altos niveles técnicos, con un profundo conocimiento sobre el tema financiero, constitucional, de salud pública, médico, farmacéutico, laboral, con todo el rigor.

En Colombia, el problema es la voluntad política. Nosotros no vemos condiciones en el actual Congreso de la República que por demás está funcionando por Zoom, que no está sesionando  presencialmente y bajo la ligereza del Zomm está aprobando una serie de modificaciones a la Constitución Política y una serie de decisiones en contra de la ciudadanía colombiana.

Entonces no vemos las condiciones. Evidentemente tendrán que construirse y tendremos que ver el momento donde haya una mayoría política en el Congreso que represente al pueblo colombiano, que actualmente no la tenemos. Sin embargo, la propuesta está, es decir, es que proponer algo alternativo al fallido modelo de salud en Colombia es sencillo, porque lo que es fallido es lo que hay. Nosotros llevamos 27 años de comprender a fondo la realidad de la prestación del servicio de salud y tenemos la manera de proponer las alternativas.

N de la R.- Posterior a esta entrevista , en la noche del viernes, el gobierno anunció el cierre de las negociaciones con Pfizer y Aztra-Seneca que implica la compra 20 millones de dosis de vacunas  contra la COVID 19. 

Aseguró el presidente Duque que además llegarán 20  millones de dosis más producto del acuerdo a través de la plataforma COVAX. 

El gobierno en consecuencia anunció que en enero comenzará una prueba piloto de vacunación  y el plan definitivo con población prioritaria se iniciará a partir del 15 de febrero.

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