La alcaldesa de Bogotá Claudia Lopez decidió al comienzo de la pandemia en 2020, instalar temporalmente un hospital en Corferias para apoyar la emergencia que enfrentaba el sistema de salud distrital y poder atender pacientes COVID.
El hospital fue levantado unos meses después, octubre de 2020 y la administración destacó que no pagó por el alquiler de las áreas ocupadas en Corferias.
Hoy la Contraloría de Bogotá y luego de una auditoría que llevó a cabo reveló un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por cerca de 4 mil millones de pesos y una presunta incidencia disciplinaria por varias irregularidades en la atención del Centro Hospitalario Transitorio de Corferias.
¿Qué encontró la Contraloría?
El ente de control fiscal distrital detectó que durante el tiempo de ejecución del contrato se habilitaron 274 camas, de un total de 2 mil cubículos habilitados, lo que demostró que solo se usó el 13.7% de la capacidad instalada.
La Contraloria Distrital llamó la atención sobre la baja ocupación de pacientes. Fueron atendidos 515 pacientes para lo que destinaron 20 mil millones de pesos, es decir que cada paciente atendido en Corferias le costó al Distrito casi 39 millones de pesos.
El órgano de control generó una “observación administrativa con incidencia Fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894, que estarían representados en estudios previos inadecuados e imprecisos, falta de medidas contractuales que contrarrestaran la baja ocupación de pacientes en el Centro Hospitalario Transitorio Corferias al no utilizarse 1.726 cubículos/cama en la ejecución del contrato.
Para la Concejal del Partido Colombia Humana-UP, Heidy Sánchez el hecho es considerado como un despilfarro de recursos de los ciudadanos, cuyo beneficiario fue un agente privado que fue Corferias, por lo que solicitó a la Personería de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación investigar una presunta comisión de faltas disciplinarias en el marco del contrato.
La cabildante había solicitado en diciembre del año pasado que se investigara el caso del Hospital Transitorio de Corferias y al conocer el resultado de la auditoría hecha por la Contraloría solicitó que se abra un proceso de responsabilidad fiscal para determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos «con el fin de recuperar los dineros sustraídos al erario y buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público».
Sánchez afirma que la responsabilidad política por el despilfarro de recursos debe recaer directamente sobre el Secretario de Salud, Alejandro Gómez y la alcaldesa Claudia López.