Con el paso de los días, como sucede con casi todo, ha ido diluyéndose un justo reclamo de concejales de Bogotá que criticaron una partida de 65 mil millones de pesos incluida en el presupuesto de Bogotá para el próximo año, que se destinaría para pagar honorarios de abogados que estructurarían la venta del 20% de acciones de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.
De entrada valdría la pena que desde la administración y para despejar dudas, se aclarara el sentido de esa partida y si corresponde a los estándares de lo que en la banca especializada en estos temas de estructuración de venta de acciones se practica. Hacer eso enfrentaría la creencia de los concejales opositores, a quienes hay que oír, que además de vender las acciones de la EEB, con esa suma adicional se estaría terminando de feriar un patrimonio público.
Y es que hizo carrera que cuando se aprueban proyectos en el Concejo se pasa por alto las voces inconformes de quienes votan negativamente, quedando la impresión que ejercer oposición se limita a elevar voces contrarias a la posición mayoritaria y ver morir su argumentación luego de una votación.
En gracia de discusión es claro que la votación decide la aprobación o no de una iniciativa pero esa regla de democracia, imperfecta como la misma democracia, no puede significar que argumentos expresados en los debates que no van de la mano con los mayoritarios deban soslayarse y queden como inocuas intervenciones que terminan en el ostracismo de los archivos, en este caso del cabildo distrital.
Recurrentemente surge una pregunta y es ¿Para qué sirve la oposición? La respuesta simplista sería para atravesarse a todo aquello que un gobierno quiere hacer. Se le ve en este caso como un obstáculo molesto casi que estorboso. No descartar que en muchos casos así ocurre. Es lo que se llama la oposición por oponerse. Sin más.
Pero una interpretación menos elemental nos dice que la existencia de la oposición en escenarios democráticos como el Congreso, Asambleas, los Concejos muestra la existencia de que se avanza en una democracia con madurez política en la medida que esa oposición cuente con mayores garantías.
Y esa garantía es la que debiera observarse por ejemplo en el caso que nos ocupa, sobre claridad en los recursos – 65 mil millones de pesos- que se piensan destinar para la estructuración de la venta del 20% de acciones de la Empresa de Energía de Bogotá. Es el trabajo de sopesar criterios diversos que permitan llegar a una decisión más elaborada.
Escuché en una conferencia alguna vez a un expositor disertando sobre el tema y que con un sentido amplio de democracia decía con mucha razón que a las mejores decisiones se llega por la deliberación y no por la imposición.