Distrito abre proceso sancionatorio a operador de Doña Juana

Se abrió un nuevo capítulo de confrontación entre la administración distrital y CGR, uno de los operadores del relleno sanitario Doña Juana. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), abrió proceso sancionatorio en contra del operador por presuntos incumplimientos que podrían derivar en la caducidad del contrato.

Luego del deslizamiento de una montaña de basura que se presentó en el relleno el pasado 28 de abril, afectando las condiciones de salubridad del entorno, las relaciones entran la entidad distrital y CGR han estado en alta tensión.

Hoy la UAESP a través de un comunicado denunció 13 presuntos incumplimientos de CGR en el contrato de concesión suscrito con la ciudad en el año 2010, llamando a descargos al operador. Según indicó la entidad los presuntos incumplimientos se dieron en la operación y manejo del relleno sanitario, en actividades de disposición final de residuos y en el tratamiento de los lixiviados.

De los 13 incumplimientos, seis corresponden a la actividad de disposición final de residuos en el polígono concesionado al operador, entre los cuales se destacan, problemas de operación, retrasos en las obras contempladas en el contrato y en la licencia ambiental, la ausencia de una celda de emergencia para la disposición de residuos, entre otros.

“Los otros siete incumplimientos corresponden al presunto mal manejo de los lixiviados, generados en la actividad de disposición final y cuyo tratamiento actualmente se encontraría muy por debajo de las exigencias hechas por la normatividad ambiental, afectando así al río Tunjuelo donde son descargados estos líquidos”, señala el comunicado.

Según indica la entidad estos incumplimientos traería consecuencias al operador del relleno, una de ellas podría ser la caducidad del contrato o la declaratoria de incumplimiento grave del contrato de concesión 344 de 2010.

«En cualquiera de los dos casos, se podría hacer efectiva cláusula penal, cuyo valor calculado de posibles perjuicios sería cercana a los 76 mil millones de pesos, y la declaratoria de siniestro amparada mediante una póliza de seguros”, indica la UAESP.

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