Cada vez es más compleja la situación de los indígenas embera que se encuentran en el Parque Nacional, al punto de que el Distrito denunciará que estarían siendo instrumentalizados por parte de algunos líderes con intereses políticos, condicionando los diálogos para el traslado de dicha comunidad a otros lugares.
Uno de los casos más preocupantes se centra en los 290 menores de edad que se encuentran a la intemperie en el parque, de los cuales 29 han sido trasladados a diferentes centros asistenciales por varios problemas de salud.
“No solo los niños están siendo instrumentalizados para pedir dinero y deambular por las calles, sino que están expuestos a riesgos en su salud, al estar al sol y al agua, están expuestos a condiciones lamentables por la manipulación de redes eléctricas y cilindros de gas sin ningún tipo de prevención. Los niños es el eslabón más frágil de la cadena de vulneraciones”, señaló el Subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho.
El Distrito interpuso una serie de denuncias ante la Policía de Infancia y Adolescencia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solicitando que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores.
Contratos para beneficiar a unas personas
La Secretaría de Gobierno denunció que algunos líderes indígenas estarían exigiendo 12 contratos de prestación de servicios y financiación de cuatro ollas comunitarias que suman 144 millones de pesos.
«Recibimos un correo electrónico y buscan que el Distrito haga 12 contratos por prestación de servicios por un valor 114 millones de pesos, lo más sorprendente es que ninguno pertenece a la comunidad embera y se centra en intereses políticos”, puntualizó Camacho.
Según la denuncia del Distrito, este grupo busca la financiación de cuatro ollas comunitarias, donde cada una tiene un valor de $26 millones que estarían direccionado a 1.300 personas.
Lo más indignante del caso es que una de las personas que solicitó uno de los contratos es María Violet Medina Quisque, quien actualmente ejecuta dos contratos con la Secretaría de Educación y la SubRed Sur Occidente y exige un nuevo contrato.
El funcionario señaló que estos actos sólo benefician a los partidos de la oposición de la administración Distrital.
“Tenemos claro cómo buscan favorecer con sus comentarios y acciones a diferentes partidos políticos, diferentes posturas y partidos que hoy hacen parte de la oposición en Bogotá”, afirmó Daniel Camacho.
La Secretaría de Gobierno ha realizado 5 mesas de diálogo donde les han ofrecido el traslado a lugares en mejores condiciones. Entre ellos, un alojamiento transitorio en Unidad de Protección Integral La Florida y en un inmueble de la Empresa de Renovación Urbana en la localidad de Santa Fe, pero dichos ofrecimientos no han sido aceptados por estos líderes por cálculos personales y políticos.