Además, en el trabajo que comenzó con organizaciones sociales y que se extenderá por dos semanas para expedir un borrador propuesta, plantea la necesidad de crear un protocolo para el traslado por protección durante las protestas.
El Distrito propuso, en materia de acciones preventivas, la creación de una subcomisión técnica, de carácter permanente, que le haga seguimiento a la aplicación del protocolo, como complemento a la Mesa de Seguimiento a la Garantía de la Protesta donde participen las organizaciones y se pueda evaluar la aplicación efectiva del protocolo.
También se planteó la creación de un equipo de diálogo mixto, conformado por gestores de Dialogo Social de la Secretaría de Gobierno, y de convivencia, y miembros de la Policía quienes trabajarán en la etapa de diálogo del protocolo privilegiando la salida pacífica en las manifestaciones.
Así mismo se propone un protocolo que garantice la debida conducción de las personas que sean trasladadas por protección durante una protesta. Igualmente se plantea revisar las armas de baja letalidad que dispone la policía para limitar su uso y determinar cuáles de ellas se pueden prohibir en la ciudad.
La propuesta será defendida por la administración de Bogotá en la Mesa de trabajo que para ese propósito adelanta el Gobierno Nacional.
El trabajo de construcción de la propuesta de protocolo se extenderá por las dos próximas semanas al cabo de las cuales se expedirá un borrador de protocolo de protesta que integre los aportes de las Organizaciones sociales y en la construcción del Plan de cumplimiento del fallo.
Para garantizar el cumplimiento de los nuevos protocolos, el Distrito se propone reforzar el trabajo de la mesa de seguimiento con la Policía, así como fortalecer los canales de quejas y denuncias a las actuaciones de los uniformados durante la protesta.
Estas propuestas se realizaron en la mesa conjunta entre el Distrito y la Comisión Nacional de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, la Red de Defensores de Derechos Humanos de Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa, Humanidad Vigente, entre otros accionantes en el fallo de la Corte, así como representantes de las universidades del país, convocadas por el Alto Tribunal, para participar en el proceso.
Durante la jornada, la Secretaría de Gobierno ratificó que el distrito no va a regular el derecho a la protesta con una resolución, pues es competencia del Congreso de la República a través de una Ley estatutaria, que además tendrá un control inmediato de constitucionalidad.