Las corridas de toros en Bogotá estuvieron prohibidas por casi 4 años. En 2017 reaparecerá la tauromaquia en la Santamaría y lo hará contra el querer particular del Alcalde Peñalosa y en cumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional que conceptuó que los alcaldes no pueden prohibir el sacrificio de animales como espectáculo público.
En junio del 2012 el entonces alcalde Gustavo Petro revocó el contrato con la Corporación Taurina, que operaba la Santamaría, que se negó a aceptar una propuesta del burgomaestre de eliminar la muerte del toro como parte de la corrida, lo que desembocó tácitamente en una prohibición de las corridas de toros.
El alcalde Petro decidió entonces transformar la Santamaría en un escenario para actividades culturales y educativas mientras que los taurinos con el tiempo debieron trasladar sus corridas a fincas particulares en municipios cercanos.
Los defensores de animales se convirtieron en grupo de presión permanente para mantener proscritas las corridas y la muerte del toro, como ya había ocurrido en varias ciudades de España y Ecuador.
El tema llegó entonces a la Corte Constitucional a raíz de una acción interpuesta por la Corporación Taurina que argumentó que no era potestad de los alcaldes del país prohibir las corridas de toros.
Tres meses después de la decisión de Petro de prohibir los festejos taurinos, la Corte se pronunció y le dio la razón a la Corporación Taurina y entonces los taurinos anunciaron que la reaparición de las corridas era un hecho para la temporada del 2013.
Sin embargo pasaron 4 años y la tauromaquia no regresó a la Santamaría. El alcalde Petro en su lucha por evitarlas encontró otro argumento a la mano.
La Plaza de toros La Santamaría fue inaugurada en 1931 luego de tres años de construcción en lo que por entonces se conocía como los terrenos de Alto de San Diego. Los recursos fueron aportados por un aficionado a la fiesta brava, don Ignacio de Santamaría, quien entregó su fortuna para su construcción. El escenario finalmente quedó en firme con un aforo de 18 mil espectadores.
Pues en lo que muchos consideraron como una maniobra dilatoria para reabrir la plaza Santamaría a espectáculos taurinos, Petro reveló que en sus años de existencia este escenario no había sido objeto de intervenciones notorias en su estructura y recordó que en el año 2002 el Instituto Distrital de Recreación y Deporte había contratado a la firma Proyectistas Civiles Asociados P.C.A., que determinó que la estructura de la plaza debía ser rehabilitada, debido a su alto nivel de vulnerabilidad sísmica.
Para reafirmar la debilidad estructural del escenario el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural adelantó un concurso de méritos, adjudicando el contrato de consultoría al Consorcio V&P para actualizar los estudios técnicos de restauración, adecuación funcional y reforzamiento estructural de la Plaza la Santamaría. El estudio concluyó que la edificación era vulnerable pues estaba por debajo de los niveles de seguridad definidos en la norma vigente. En materia de seguridad humana tampoco cumplía a cabalidad con aspectos como capacidad de medios de evacuación, número de salidas, acceso a las salidas, distancia de recorrido hasta una salida, protección de los medios de evacuación, medios de salida, iluminación de los medios de evacuación y señalización de las salidas.
Sin embargo el trabajo sobre la plaza debía extenderse, además de los aspectos sismoresistentes a la restauración de los muros y las fachadas, teniendo en cuenta que la Plaza la Santamaría había sido declarada Bien de Interés Cultural de carácter nacional en 1984.
El 1 de diciembre de 2014 se publicaron los pliegos definitivos para el reforzamiento estructural de la Plaza La Santamaría que contemplaban un valor cercano a los 7 mil millones de pesos y un tiempo de ejecución de los trabajos de entre 14 y 16 meses.
En junio de 2015 el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) dio inicio a las obras de reforzamiento estructural de la plaza de toros de Santamaría, actuando como contratista la firma constructora Urbaniscom Ltda., luego que se surtiera un largo y criticado proceso de adjudicación de la licitación.
Los trabajos a un costo de 6.500 millones de pesos se extendieron a la eliminación de fisuras en las graderías, la suspensión de filtraciones de agua, la demolición y reconstrucción de palcos, manteniendo sus características originales; el tratamiento de grietas y fisuras de toda la plaza y el reforzamiento de la estructura de pórticos de concreto.
Fue mientras se adelantaban estos trabajos que Petro terminó su alcaldía logrando el objetivo que en su administración no hubiera una sola corrida de toros.
Este año y en medio de críticas de vecinos del sector La Macarena sobre la lentitud con que avanzan las obras en La Santamaría, corría el plazo de 18 meses para la entrega formal del escenario con su nueva cara.
Ya al comienzo de su administración, Enrique Peñalosa se dolía de la inminente reaparición de las corridas de toros pero recordaba que debía cumplirse con la determinación de la Corte Constitucional.
Sin embargo críticos del alcalde Peñalosa frente este tema como la defensora de los animales Andrea Padilla, han sido reiterativos en plantear que el burgomaestre no exploró caminos jurídicos para dar la pelea legal y aseguran que Peñalosa “quiso dar contentillo al declarar que si regresaban las corridas de toros a Bogotá él sería el primero en salir a marchar”.
Este año el Distrito a través del IDRD inició el proceso para la escogencia del operador que lleve a cabo la temporada taurina 2017. En septiembre se declaró desierta de adjudicación por la que pugnaban Cormanizales y la Corporación Taurina de Bogotá.
Finalmente ayer el IDRD seleccionó el operador la Corporación Taurina pata realizar la temporada de toros en enero, febrero y marzo de 2017, con cinco corridas de toros y una novillada y dos festejos mas con novillos en agosto.
Estas dos novilladas de agosto originaron críticas de Andrea Padilla quien considera que “la alcaldía pudo haber excluido del objeto del contrato las novilladas del festival de verano, en una interpretación armónica de la sentencia a la luz del precedente constitucional C-666 de 2010 que establece, entre otras condiciones, que las corridas de toros sólo pueden realizarse en municipios y ocasiones en los que sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida. En cambio, el IDRD incluyó en los términos del contrato las novilladas de agosto, calificándolas de ‘tradicionales’ pese a que sólo se realizaron entre 2005 y 2011. Las continuas contradicciones de la Corte en este tema habrían permitido tal interpretación. Sin embargo, el alcalde no mostró voluntad ni compromiso”, aseguró Padilla.
Mientras toreros, novilleros, picadores, ganaderos y seguidores de la fiesta brava en general quienes actúan alrededor de la tauromaquia en Bogotá se preparan para reanudar actividades, los defensores de animales anuncian que seguirán la lucha porque se vuelva a proscribir las corridas, explorando caminos jurídicos como la revisión de la constitucionalidad de la “ley taurina” y el cumplimiento de la sentencia C-666 que todos los municipios se han pasado por la faja. Padilla dice que las normas y decisiones judiciales no siempre son justas, pero el derecho es un campo de batalla que hay que visitar.
El alcalde Peñalosa por su parte radicó hoy en compañía del senador Carlos Fernando Galán un proyecto de ley que busca modificar la reglamentación de las corridas de toros buscando que en los festejos no se pique el toro, no sea herido o se le dé muerte, práctica que ya es común en países como Portugal.
Los animalistas no cejan en su empeño en visibilizar una causa, que siendo apoyada por una mayoría, por ahora debe ceder a favor de la minoría taurina. Este 25 de octubre realizarán una marcha por los derechos de los animales que arranca precisamente en la Santamaría hasta la plaza de Bolívar.