Mientras un grueso de ciudadanos siente que los protestantes que bloquean Transmilenio, taponan vías al tráfico en general, vulneran sus derechos, entre otros el de la libertad de locomoción, quienes lo hacen afirman que desde que su convocatoria y desarrollo sea pacífico debe ser protegida.
Es entonces cuando entran en choque los derechos de quienes por decisión personal no participan de las movilizaciones frente a quienes las protagonizan.
Los primeros reclaman su derecho a asistir a su trabajo o responsabilidad diaria, a contar con garantías para movilizarse libremente, a gozar de servicios que son públicos como el del transporte masivo, en suma que su cotidianidad no se vea alterada en razón a las marchas o protestas.
Los segundos argumentan que la Constitución establece que el derecho a la protesta permite el uso de las vías públicas para ello y por tanto, estas vías públicas incluyen también el uso de los carriles o zonas cercanas a Transmilenio en el caso por ejemplo de Bogotá.
Hoy la alcaldesa Claudia López dijo que en la ciudad estaban autorizadas marchas y plantones pero no bloqueos. Esa premisa también la controvierte un sector de los marchantes.
Recuerdan a la alcaldesa de Bogotá que las protestas no están sujetas a ninguna autorización y que la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha dicho que para protestar no se requiere ni permiso, ni autorización de la Alcaldía.
En cambio recuerdan que es deber de la alcaldía proteger las protestas programadas o espontáneas desde que sean pacíficas, así esto implique que sea bloqueo, plantón, marcha o mitin.
Quienes no participan activamente de las protestas, incluso compartiendo las demandas de quienes sí lo hacen, se preguntan si sus derechos, que también los tienen, son defendidos desde la institucionalidad por alguien, ya que sienten que las normas garantistas definitivamente se orientaron a quienes se lanzan a la calle a marchar.
Desde la otra orilla quienes participan activamente en las movilizaciones recuerdan que hechos como por ejemplo bloquear TransMilenio no está catalogado como un delito.
Hacia el inmediato futuro ese equilibrio de derechos entre quienes protestan y quienes no lo hacen sigue en discusión, si se tiene en cuenta la consideración del actual gobierno distrital que afirma que la protesta no debe ser vista como un tema de orden público, sino como un tema de conflicto social y político, el cual requiere una respuesta política y no policiva.