Feria de irregularidades en contratos de aprovechamiento del espacio público

La Personería de Bogotá encontró una feria de irregularidades en los contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico sobre espacio público, que van desde el desconocimiento del número real de contratos vigentes, hasta la utilización de las zonas excediendo el tiempo pactado, generando un presunto enriquecimiento ilícito de particulares con el aprovechamiento de recursos públicos.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), responsable del tema, ni siquiera tiene claro cuántos contratos tienen en supervisión en la actualidad. A la Personería le informó que cuentan con 72 contratos, 46 en proceso de liquidación y 26 vigentes, sin embargo, ante el Concejo de Bogotá afirmó que se tenían en ejecución 62.

El informe determinó que de 1.450 predios susceptibles de aprovechamiento sólo el 4.6%, es decir, 67 espacios han tenido contratos, quedando un 93,4%, sin ningún tipo de beneficio económico para el Distrito.

El ente de control evidenció que los CAMEP tienen, en su mayoría, un plazo de 5 años, sin embargo algunos de ellos tienen prorrogas que superan el 50% del tiempo inicialmente pactado, lo que podría conducir a posibles hechos de corrupción por parte de los particulares que administran dichas zonas.

Además, se halló que existen contratos suscritos desde el año 1989 apenas en proceso de liquidación, como sucede con el estacionamiento ubicado frente a Plazoleta San Diego, costado nororiental de la carrera 7 con calle 26 y otros como el entregado desde el 2004 a la Corporación Santa Bárbara, que fue liquidado en octubre de 2018, pero su tiempo de vigencia fue por 14 años.

La Personería pudo evidenciar que la mayoría de los contratos tuvieron modificaciones durante su ejecución extendiendo el tiempo inicialmente previsto, perdurándolos como si fuesen un contrato de concesión y no de administración de espacio público.

El Ministerio Público Distrital iniciará investigación disciplinaria y dará traslado a la Contraloría, para la revisión de un posible detrimento patrimonial y a la Fiscalía para que se investigue el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con el aprovechamiento de recursos públicos.

 
Sin protocolos de seguimiento y supervisión

La ausencia de protocolos de supervisión y seguimiento a los contratos, pone en riesgo el uso del bien público y permite el aprovechamiento económico de estos espacios por parte de particulares sin que existan acciones legales.

Se descubrió, por ejemplo, que el parqueadero de la calle 100 con avenida 19, entregado en administración a un particular desde el año 2013, con una ejecución inicial de 12 meses, contó con dos prórrogas de 24 y 36 meses y que aún, luego de la terminación del contrato, se continúa explotando económicamente por una empresa privada. Si bien la Defensoría del Espacio Público lo recuperó en principio, el particular retomó sin autorización su explotación, sin que la Alcaldía Local o alguna autoridad hayan realizado alguna acción efectiva para recuperarlo en forma definitiva.

También se hallaron contratos que ya expiraron como el de la Fundación Forja, Junta de Acción Comunal Tunal 1, Junta de acción Comunal Candelaria la nueva etapa I y II entre otros, que continúan siendo aprovechados por terceros y que son predios de uso público, lo que evidencia que no existen protocolos de seguimiento y control para contratos vigentes, ni para los que han terminado.

Pese a la finalización de los contratos, muchas veces el DADEP no le informa nada a las alcaldías locales para ejercer su control sobre la recuperación del espacio público.

Presupuesto


Los contratos celebrados entre el DADEP, fundaciones y Juntas de Administración Local, han dejado al Distrito recursos por más de $1.348 millones, pues no implican la transferencia de dominio ni derecho adquisitivo alguno del bien para el contratista siendo a título gratuito, sin comprometer recursos de la entidad.

Sin embargo, ante la afirmación de la Administración anterior que este tipo de contratos no generan costos, se halló que la supervisión de los CAMEP, se realiza en dos etapas, jurídica y contable. La primera es realizada por un funcionario de la entidad y la segunda a través de una firma contable externa. La Personería encontró la suscripción contractual con la firma M&C por valor aproximado de $250.000.000, contratada con recursos del DADEP.

También existen 8 personas contratadas por un valor de $575.190.000, que ejercen supervisión de los contratos, por lo tanto, si a este valor se le suma los $250 millones, se estarían invirtiendo $760 millones por parte del DADEP.

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