La pandemia del coronavirus amenaza con originar un contagio masivo en URIs y estaciones de policía de Bogotá, incluso con muchos más afectados que los que se han registrado en la cárcel de Villavicencio.
De ese carácter es la emergencia que podría enfrentar la ciudad de no tomarse una decisión urgente para descongestionar esos sitios que, sin tener esa naturaleza, se convirtieron en sitios de reclusión permanentes, como lo denunció la Personera(e) de Bogotá, Rosalba Cabrales.
Hoy la discusión parece centrarse sobre de quién es la responsabilidad de buscar alternativas de solución al grave hacinamiento.
La alcaldesa Claudia López afirmó que ha venido prácticamente rogando al gobierno nacional para que diga SÍ a algunas de las propuestas que el Distrito le ha hecho, para encontrar un camino que permita trasladar a los reclusos a un sitio donde se minimice la posibilidad de contagio de coronavirus.
Sin embargo la alcaldesa aseguró que a cada propuesta de su administración la respuesta siempre ha sido un NO por parte del gobierno nacional.
Incluso anoche en un tono muy particular se dirigió a la ministra de Justicia y dijo que le rogaba que aprobara algunas de las alternativas propuestas porque, si bien se estaba hablando de presos, eran seres humanos a los que no podía condenárseles a un contagio, producto del hacinamiento en que se encontraban.
Hacinamiento que es evidente como lo denunció la Personería que pudo establecer que al 12 de mayo por ejemplo la estación de San Cristóbal tenía hacinamiento de 487% y Mártires 420 %, por su parte la URI de Kennedy registraba un hacinamiento del 190%.
Hasta la fecha se tiene conocimiento 20 personas contagiadas con Coronavirus en la URI y Estación de Kennedy, sin contar las afectadas en la Estación de Fontibón. ¿Cuántas personas contagiadas más se requieren para que den una solución definitiva?, preguntó la jefe del Ministerio Público Distrital, Rosalba Cabrales Romero.
Hoy la ministra de justicia, Margarita Cabello, respondió a través de un video a la alcaldesa y lo hizo en términos que no escondieron el desagrado del gobierno Duque por los reclamos desde la administración de Bogotá.
Afirmó la ministra Cabello, que son responsabilidad de la alcaldía los reclusos de las URIs y estaciones de policía y dijo estar a la espera de una bodega ofrecida por el distrito para trasladar allí a los reclusos.
Dijo que era colaboración del gobierno con la alcaldía ofrecer alimentación a los presos y le recordó a la alcaldesa, que el gobierno Duque atiende a 15 mil condenados que son responsabilidad del distrito, en cárceles nacionales.
La alcaldesa tiene un concepto diferente y cree que la responsabilidad de los reclusos en URIs y estaciones de policía recae en el gobierno nacional que debe acelerar el proceso de excarcelación de presos en las Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de policía de la ciudad, para mitigar el riesgo de contagio que enfrentan las 15.971 personas retenidas en estos lugares.
Incluso su secretario de Seguridad, Hugo Acero, en una nueva carta hoy le solicitó otra vez al INPEC y a los Ministerios de Justicia, Defensa y Salud su apoyo para enfrentar la grave crisis que se presenta en las Estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) que hay en la ciudad, dado el hacinamiento cercano al 200% y con ello el alto riesgo de la propagación del coronavirus.
En carta al Director General del INPEC, Norberto Mujica Jaime, el Secretario Acero solicita información sobre los protocolos que va a utilizar esa institución en el traslado y custodia de las 19 personas privadas de la libertad que están en la URI de Kennedy y que resultaron positivas en la prueba de COVID-19.
“Con base en el Decreto Presidencial de excarcelación (Decreto 546 de 2020), de manera atenta solicitamos indicar las condiciones en que se dará el traslado de las 19 personas privadas de la libertad que están en la URI de Kennedy a los lugares más aptos para su tratamiento dispuestos por el INPEC, así como la fecha en que se surtirá el mencionado traslado”, dice en su carta el secretario de Seguridad de Bogotá.
Acero también evidencia la urgencia para la Ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, dé la orden para que el INPEC realice “el traslado y la custodia de los detenidos contagiados con COVID 19”. Al tiempo que pide su apoyo para modificar el Decreto 546 de 2020 y excluya la exigencia de la licencia de construcción a los Centros de Reclusión Especial que las administraciones municipales tienen que construir o adecuar para reducir el hacinamiento en las estaciones y URIs.
El Secretario de Seguridad de la capital también le pidió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios “USPEC” que “asuma la prestación de los servicios de salud que se deben proveer a los contagiados con COVID-19” y al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que ordene que la Policía Nacional garantizar la seguridad del sitio o sitios que se dispongan para la atención de privados de la libertad contagiados por COVID-19 o para lograr reducir el hacinamiento de las estaciones de policía y URIs.
Finalmente en su misiva Acero le pide al Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, su “intervención urgente para la expedición del protocolo de bioseguridad para los miembros del INPEC encargados del traslado y para quienes ejercerán las funciones de custodia y atención de esta población.
Mientras logra allanarse el camino para solucionar el grave hacinamiento en URIS y estaciones de policía de Bogotá, los contagios crecen y cobra entonces validez la pregunta que hacía hoy la Personera (e) de Bogotá Rosalba Cabrales: ¿Cuántas personas contagiadas más se requieren para que den una solución definitiva?