¿Incentivos perversos ofrecidos por el propio gobierno a EPS detrás de presunto mal uso de UCIS?

En medio de la pandemia de coronavirus que ya cobra la muerte de más de un millar de personas y 35 mil contagiados y en personal de salud 11 fallecidos, 1.098 casos positivos, la existencia y uso de las Unidades de Cuidados Intensivos en el país, cobró un lógico protagonismo como quiera que son fundamentales para el tratamiento de quienes resultan contagiados y ven agravada su situación de salud.

Una declaración del ministro de salud Fernando Ruiz según la cual se estaba un registrando un uso inadecuado de las UCI en varias regiones de Colombia para tener las camas ocupadas más tiempo del necesario y generar mayor facturación, motivó fuertes reacciones de diversos sectores entre éstos los gremios médicos.

La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho fue una de las primeras en reaccionar y advertir que, si lo denunciado por el ministro estaba ocurriendo, era consecuencia de los que denominó incentivos perversos que el propio gobierno generó, al crear una canasta especial para el pago de su uso, cediendo así a presiones de las EPS.

El Colegio Médico Colombiano por su parte afirmó que “El tipo de aberraciones que señala el ministro de Salud tiene que ver con poner a la salud en el ámbito comercial de oferta y demanda, lo que ha generado actos de corrupción estructurales, pero del mismo sistema y la Ley100”.

La afirmación del ministro motivó también un rechazo frente a la práctica médica, especialmente de los intensivistas, en las actuales circunstancias como lo evidenció la Dra. Corcho quien en su cuenta de Twitter no dudó en afirmar: “Hemos dicho q se abran las investigaciones pertinentes para observar el uso de camas UCI, nuestra ética médica está a prueba del escrutinio público, pero en este caso creo q ustedes, señor ministro Fernando Ruíz, se han equivocado en la política para manejo de Covid, incentivando el negocio”.

El presidente del Colegio Médico de Bogotá por su parte precisó que “el ingreso y permanencia en las UCI, depende de criterios médicos claros y precisos. Los pacientes son remitidos por servicios de urgencias, cirugías y decisiones intrahospitalaria estrictamente médicas”. 

La vicepresidente de la Federación Médica, Carolina Corcho fue más allá en su rechazo a las afirmaciones del ministro de Salud y le recordó que “Fuimos nosotros quienes denunciamos que la perversión de la política de salud para manejo de Covid19, estaba generando la vulneración de la autonomía médica, y que esta hacía proclive al cierre de otros servicios para abrir Covid que son más rentables”.

La Dra, Corcho acusa además al gobierno de no aceptar la propuesta de girar el 50% de la UPC de las EPS a clínicas y hospitales y crear un pago de subsidio a la oferta para camas Covid, que evitara que en su manejo se impusiera la lógica del negocio de la ley 100, modelo que ustedes han defendido.

La permanencia de un paciente en una UCI está mediada entre otras decisiones por la de los médicos intensivistas por lo que no se hizo esperar su reacción frente a las afirmaciones del ministro de Salud Fernando Ruíz.

En un duro comunicado la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo rechazó cualquier tipo de que de manera “implícita y generalista”, vincule a los intensivistas del país en los actos violatorios de la ética profesional en su ejercicio como especialistas líderes de las Unidades de Cuidado Intensivo.

Calificó de desafortunadas las declaraciones del ministro Ruíz, “ya que, adicional al dolor y la incertidumbre que depara la enfermedad, se crea un manto de duda sobre la integridad moral, ética y humana de los intensivistas y ello provoca un clima de desconfianza que puede impactar negativamente en la oportunidad de la atención y provoca un efecto emocional adverso y de zozobra en el equipo sanitario.

Y para conocimiento de la comunidad, la Asociación precisó que a pesar de todos los esfuerzos médicos especializados, del 40-80% de los pacientes fallecen y su estancia en una UCI puede llegar a ser de entre 15 y 28 días.

La sensibilidad frente al tema por parte del gremio médico, se ve acrecentada ante la escasez de UCIS en el país que la pandemia evidenció.

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