En tiempos en que el gobernante del país más poderoso del mundo desdeña la importancia de adoptar medidas que protejan lo que queda de nuestra gran casa, el planeta tierra, del cambio climático, revive la confianza cuando en otras latitudes se entiende la importancia de buscar maneras de garantizar aire respirable.
La alcaldesa de Barcelona Ada Colau logró adelantar tres años una medida que estaba planteada para entrar en vigor a partir del año 2022. A partir de 2019 los vehículos más contaminantes no podrán circular por el área de Barcelona.
Pero lo destacable de la medida es que se adopta incluso por encima de urgencias coyunturales de contaminación del aire. El objetivo es reducir un 30% las emisiones vinculadas al tráfico en un plazo de 15 años para alcanzar gradualmente los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esta contaminación se reducirá un 10% en los próximos cinco años.
La medida de restricción del tráfico afectará a vehículos anteriores a la categoría Euro 1: furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a automóviles matriculados antes del 1 de enero de 1997, lo que implicará a 106.018 vehículos, que suponen un 7% del parque móvil, y a 22.049 furgonetas, es decir, un 16%.
Se parte de una premisa y es que estos vehículos con más de 20 años de antiguedad contaminan tanto como diez carros que utilizan combustible fósil.
¿Cuánta polémica se generaría si una medida de esta índole se adoptara en Bogotá por ejemplo?
Si. Estamos lejanos aún de exhibir una conciencia comprometida con el planeta pero me dirán que además como ciudad en subdesarrollo no podríamos darnos el lujo de sacar de circulación los carros viejos. Vendrán los argumentos: Que la mayoría de sus propietarios son personas de condición económica que no les ha permitido renovar el modelo de su vehículo, que una gran mayoría derivan su sustento de utilizar el vehículo como medio de trabajo y un largo etcétera.
Vuelvo entonces con la manera como se buscan opciones en Barcelona para quienes se verán en dos años frente a la prohibición de sacar su vehículo a las calles si es modelo anterior a 1994.
Allí para incentivar la salida de estos vehículos, crearán una tarjeta verde metropolitana previsiblemente antes de verano que dará tres años de transporte público gratuito, de la que podrán beneficiarse los residentes del área metropolitana que den de baja un vehículo contaminante y que no adquieran otro durante los tres años de vigencia de la tarjeta.
Es decir, conscientes de la afectación que la medida traerá a muchos propietarios de vehículos se acude al subsidio para facilitarles su transporte, claro un transporte que es envidiable en una ciudad como Barcelona.
Aquí si seguimos el paralelo bien difícil ha sido convencer a los dueños de vehículos a bajarse de ellos para que acudan al Transmilenio por los serios problemas que enfrenta en cuanto a seguridad, frecuencias y ocupación por bus.
Pero por algo debemos empezar. Y es entonces cuando encuentro que entre el conjunto de medidas que se adoptarán en Barcelona hay una que ya se ha planteado en Bogotá y que me temo se acaba el tiempo para que se adopte.
En la ciudad condal se anunció que se implantará un peaje contra la congestión en esta zona, en el marco del nuevo modelo de financiación de las vías de alta capacidad de Cataluña, como ya existe en Londres.
Lo cierto es que urge que nuestra ciudad también se esfuerce en adoptar estrategias, medidas que minimicen el impacto contaminante de un aire que sabido es, cada día es menos respirable.