El organismo de control de la nación en una misiva solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) suspender el proceso de contratación de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima ante la falta de certidumbre sobre la armonización de los estudios y diseños, e inició una investigación disciplinaria contra la directora del IDU, Yaneth Mantilla Barón, y otros siete funcionarios.
El proceso también vincula al subdirector General de Infraestructura, Edgar Francisco Uribe Ramos; la subdirectora General Jurídica, Martha Liliana González Martínez; el Director Técnico de Procesos Selectivos, Ferney Baquero Figueredo; el Director Técnico de Proyectos, Jose Salomón Strusberg Rueda; el asesor de la Dirección General, José Javier Suarez Bernal, y a los directores Técnico de Construcciones, Luis Alberto D´Pablo Ramírez, y General de Infraestructura, Alejandro Morales Montaña.
En la carta enviada al IDU, la Procuraduría solicitó suspender el proceso de contratación de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima.
“No se tiene certeza acerca de la armonización entre las obras a ejecutar por parte del promotor del plan parcial El Pedregal con las obras que se están contratando. Siendo importante resaltar que la armonización responde a un factor técnico que debió ser definido de manera previa a la apertura del proceso de selección, toda vez, que incide desde la estructuración de la oferta por parte de los interesados hasta la correcta planeación del contrato y repercutiendo en la ejecución del bilateral, pues, podría conllevar demoras en la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera 7°, obras adicionales y un posible detrimento al patrimonio público”.
De acuerdo a la información recibida por el órgano de control, el IDU respondió a Aldea Proyectos S.A.S, promotor del plan parcial El Pedregal, que las obras a ejecutar ya se encuentran armonizadas con los diseños aprobados en noviembre de 2016, que tienen origen en el convenio 1359 de 2015. Sin embargo, para la Procuraduría, “no se evidencia que los estudios y diseños aprobados por el IDU el 15 de noviembre de 2016 se hubieran modificado” y concertado con el constructor.
Sin perjuicio de la autonomía de la administración y sus responsabilidades, a la Procuraduría le asiste el interés de que las obras que se desarrollan en un eje tan importante como la Carrera Séptima, se encuentren debidamente planeadas, y recordó que el proceso de contratación solo debe iniciarse cuando los factores jurídicos, económicos, técnicos y materiales que sean previsibles, estén agotados.
“… Y hasta tanto se cuente con la armonización y esta sea verificable, por ejemplo, con la variación del concepto técnico emitido en el 2016 para las obras del plan parcial El Pedregal, resultaría inoportuno e inconveniente continuar con el proceso contractual”.
La petición se presentó en aras de preservar el ordenamiento jurídico, evitar un posible detrimento al patrimonio público y una afectación a la calidad de vida de los habitantes de Bogotá.