Denuncia la Personería de Bogotá otro acto de corrupción, esta vez perpetrado en la Localidad de Suba. Dirán algunos que el monto es irrisorio; un funcionario presuntamente se habría apropiado de 1 millón 856 mil pesos producto del tanqueo de dos camionetas adscritas a esa alcaldía pero que habían sido dadas de baja el 2 de marzo de 2015.
El funcionario corrupto no vio inconveniente en seguir presentando facturas por tanqueo de los automotores a pesar que ya no circulaban por las calles.
Ocurrió en la pasada administración comandada por Marisol Perilla quien recordemos recientemente fue destituida en inhabilitada por 12 años por la Personería de Bogotá para ejercer cargos públicos luego de comprobarse irregularidades en la contratación.
La Personería al ahondar en la investigación sobre el contrato que se suscribió para el aprovisionamiento de combustible de los vehículos adscritos a la Alcaldía de Suba en esa administración trata de precisar un presunto favorecimiento hacia la empresa que finalmente ganó.. Era un contrato por 400 millones de pesos y fue prorrogado tres veces.
Estos hechos renuevan las reservas existentes de mucho tiempo atrás de cómo se maneja el presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local. Todo un entramado se organiza para entrarle sin miramiento a los dineros que, y lo decimos con algo de ingenuidad, bien invertidos servirían para enfrentar urgencias de comunidades en las diversas localidades que pasan por déficit y mal estado de vías hasta ausencia de programas sociales para poblaciones vulnerables.
Hemos dicho que lamentablemente toda esta suerte de indagaciones en razón al control posterior por ejemplo en el caso de la Contraloría Distrital desemboca en que las destituciones e inhabilidades ocurren cuando el corrupto ya no ejerce su cargo y muy probablemente ya ha construido todo un andamiaje jurídico para defenderse de las acusaciones mientras disfruta de lo logrado con su comportamiento.
Decíamos en artículo anterior que el panorama es incierto frente a las alcaldías locales mientras no cambie la conciencia política de quienes llegan a esos cargos y les dicte lejanía con la tentación de favorecer amigos, responder a jefes políticos y entender su función como el esfuerzo permanente en conjunto con sus gobernados para enfrentar con decoro y transparencia las urgencias de sus localidades.
Saludamos las decisiones tomadas rápidamente por el alcalde Peñalosa como adoptar un pliego tipo para las licitaciones que tengan que ver obras en malla vial o parques, mayores esfuerzos para divulgar las licitaciones y la advertencia a los actuales alcaldes de ejemplares sanciones si incumplen los lineamientos.
Además la salida del alcalde local de Suba, Miguel Antonio Cortés por solicitud del Secretario de Gobierno, Migue Uribe, parece mostrar una decisión frontal a impedir que irregularidades como las denunciadas por la Personería Distrital en esa localidad se repitan.
Al alcalde saliente le tocará explicar cómo autorizó los pagos de este año de facturas de combustible sobre vehículos que ya no pertenecían a esa localidad. Por lo pronto ha manifestado que en efecto esos contratos entraron en vigencia el año 2014 y se mantuvieron el 2015 y 2016.