La Contraloría de Bogotá reveló que por lo menos 176 personas que fallecieron hace varios años aparecieron como beneficiarias del programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y lanzado para la reactivación económica de la capital tras la crisis por la pandemia del COVID-19.
De las personas fallecidas, 38 figuran recibiendo capacitación en bilingüismo y en actividades para conseguir empleo.
En la vigencia 2021 la Secretaría de Desarrollo Económico reportó un total de 91 contratos con cargo al proyecto 7863 (para el mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá) por valor de $67.640.009.754. De esos 91 contratos, se tomó una muestra de 18 contratos cuyo valor asciende a $63.755.840.964, que equivalen a 94% respecto del valor total de la contratación realizada con recursos del proyecto.
El equipo auditor de la Contraloría de Bogotá solicitó a la Registraduría Distrital la verificación de las bases de datos de defunciones con el ánimo de cruzar la información con los beneficiarios del proyecto 7863 y al hacer ese ejercicio se constató que 176 personas beneficiadas por el programa de empleo tenían las cédulas canceladas por muerte y otra decena tenían cédulas canceladas por otras razones.
Se formuló un hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de $94.327.079 con presunta incidencia disciplinaria y penal por falta de control sobre la base de datos de la población beneficiaria, al determinar presencia de personas con identificación cancelada por muerte y otras razones.
La entidad encontró que ese programa, adelantado con recursos del Distrito provenientes en parte de un crédito y de una adición presupuestal no fue focalizado y por lo tanto los dineros no se dirigieron a población vulnerable, personas en condición de discapacidad, jóvenes que ni estudian ni trabajan –NINI- y madres cabeza de hogar.
También encontró que con el programa ‘Empleo Joven’ la Secretaría de Desarrollo Económico benefició a 10 grandes empresas, cuando el objetivo era subsidiar a micro, pequeñas y medianas empresas. En efecto, 10 grandes empresas recibieron 380 subsidios y en dos de estas se concentraron 293 beneficios, que representan el 77.1%, multinacionales dedicadas al servicio de call center.
En su orden le siguen las microempresas que se beneficiaron con 60 subsidios y en una se concentra el 30.8% de subsidios entregados, en total 29 microempresas recibieron un subsidio de empleo. Le siguen las pequeñas empresas que recibieron 47 subsidios y en dos de estas se concentra la entrega de 21 subsidios que representan el 44.7%. Finalmente, la mediana empresa se benefició con 27 subsidios y en dos de estas se concentran el 51.9%.
Ante esta situación, la Contraloría formuló un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por irregularidades en la ejecución del programa ‘Empleo Joven’ por incumplir las condiciones pactadas respecto a la priorización de empresas y el modelo de equidad.
Además, se le dio traslado inmediato a la Personería y a la Fiscalía General de la Nación para que sean investigadas según sus competencias.