Entre el 28 de abril y el 23 de mayo se han registrado 775 protestas, de las cuales 238 han sido marchas, 78 bloqueos y 459 concentraciones en lugares públicos, que han contado con la participación 240.000 personas, según el informe que entregó la Alcaldía de Bogotá a la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Riveros.
Las manifestaciones se han concentrado principalmente en los Portales Américas, Suba, 80, Autopista Sur y Plaza de Bolívar.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López reveló que hay más policías heridos que civiles, ya que 380 uniformados han sido agredidos, de los cuales 17 de ellos se encuentran graves, mientras que 361 civiles han resultado heridos, cinco de ellos en delicado estado de salud.
Además, 33 manifestantes han sufrido lesiones faciales u oculares, por ello la Secretaría de Salud garantizará el tratamiento médico que ellos necesiten para salvaguardar su rostro y que ninguna pierda la visión.
El Distrito reconoció los esfuerzos que ha hecho la Policía para ceñirse a los protocolos, pero señaló que algunos hechos irregulares deben ser investigados.
“Puedo dar fe que algunos miembros del ESMAD han abusado de la fuerza, detenido arbitrariamente a jóvenes, no los han trasladado a una URI sino a estaciones de Policía o no han seguido los protocolos que la ley prevé”, enfatizó la mandataria.
Sobre el aterrizaje de un helicóptero para hacer reabastecimiento logístico y de munición en el Portal Américas y en el Colegio Claretiano de Bosa sentenció que es una abierta violación a los protocolos de Derechos Humanos, lo que ha exacerbado las tensiones en Bosa y en el Portal Américas.
Tanto en estos puntos como en el Portal de la 80, en Suba y en la Plaza de Bolívar se ha registrado el 72% de las denuncias por excesos y abusos policiales.
El Distrito tiene registro de 600 acciones de abuso de la fuerza contra algún ciudadano e investiga dos muertes en medio de las manifestaciones: la de Dylan Barbosa, quien habría chocado su moto contra una tanqueta del ESMAD y la de Daniel Alejandro Zapata, quien fue golpeado con un objeto contundente y sufrió un trauma cráneo encefálico severo.
La fuerza pública también ha sido agredida
La alcaldesa Claudia López indicó que los miembros de la Fuerza Pública también han sido víctimas de violaciones a los DD.HH.
Relató que en el ataque contra el CAI de la Aurora, localidad de Usme, los uniformados ingresaron al lugar para evitar cualquier confrontación con los manifestantes, pero unos ciudadanos apedrearon el recinto, rompieron los vidrios pese a que son blindados, les tiraron bombas incendiarias a los policías y los vieron quemarse, los grabaron y lo celebraron, sin darles alguna opción de salida.
Sobre el ataque en contra de Christian Calderón, el joven patrullero de 22 años quien se encuentra recluido en el Hospital Simón Bolívar reveló que no estaba cometiendo ningún acto arbitrario, y le lanzaron una bomba molotov a su rostro.
El uniformado se encuentra en una UCI por cumplir su labor en medio de una aglomeración. Además, se contagió de COVID-19, con una profunda afectación física y emocional.
Hasta el pasado 23 de mayo 14 CAI habían sido incendiados, 26 fueron vandalizados. Se estima que hubo 6.657 daños a la infraestructura de la ciudad y las pérdidas podrían alcanzar los 28.500 millones de pesos.
La representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juliette de Riveros recibió el informe y se solidarizó con todas las personas y familias que han perdido a un ser querido, han quedado heridos o están sufriendo las consecuencias de la violencia durante las manifestaciones.
“Con este informe es muy importante que las autoridades reconozcan los errores que hay en estas movilizaciones, siendo el primer paso para dar soluciones en el país”, señaló la funcionaria.
Indicó que hacen un especial seguimiento a denuncias por presuntos casos de violencia sexual, retenciones, ataques a periodistas y otro tipo de situaciones que han ocurrido en el país, así como al uso de armas letales por parte de particulares para atacar la protesta.
El Distrito seguirá registrando cada caso de abuso tanto policial como civil, con el fin de garantizar la protesta pacífica en la ciudad.