Personería confirmó duras sanciones contra docentes implicados en abuso sexual contra menores

La Personería de Bogotá sancionó e inhabilito por 15, 12 y 11 años a tres profesores de colegios del distrito, tras encontrarse que incurrieron en acto sexual abusivo contra menores de 14 años.

A través de la Delegada para la Potestad Disciplinaria, se profirió en primera instancia dichas sanciones al revelar que los disciplinados incurrieron en actos sexuales diversos del acceso carnal en menor de 14 años y quebrantaron el deber funcional a su cargo, buscando beneficios de carácter sexual valiéndose de su superioridad por su condición de docentes.

En uno de los casos, hay chats de una red social en los que se evidencian las peticiones del docente a una niña.

A partir de lo probado en los expedientes, la Personería concluyó que los investigados incurrieron en una falta gravísima al cometer la conducta punible consagrada en el artículo 209 del Código Penal y quebrantaron el deber funcional a su cargo, asimismo tuvo en cuenta el grave daño social de la conducta, la afectación a los derechos fundamentales de los menores de edad y el conocimiento de la ilicitud, lo que sustentó la sanción de destitución e inhabilidad general interpuesta a cada uno de los investigados.

“Para la Personería de Bogotá resulta fundamental vigilar que los establecimientos educativos, como espacios de formación, ayuden a los niños, niñas y adolescentes a empoderarse de su cuerpo, de las decisiones que toman sobre este y a prevenir este tipo de abusos, por ello la invitación es denunciar a través de nuestros canales de comunicación cualquier tipo de conducta que restrinja la autonomía y el control sobre sus cuerpos”, señaló Silvia Arciniegas, Personera Delegada para la Potestad Disciplinaria.

Estas sanciones se suman a los 4 fallos sancionatorios de destitución e inhabilidad y suspensión provisional e inhabilidad especial emitidos por el ente de control en el año 2021.

El órgano de control interviene ante la Fiscalía en los procesos penales y en la defensa de las víctimas para establecer cuándo y en qué circunstancias ocurrieron estas reprochables acciones, así como la determinación de los presuntos responsables en la que los servidores públicos son materia de investigación penal.

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