La muerte de un menor de un año y 9 meses perteneciente a la comunidad indígena embera katío, quien se encontraba en el Parque Nacional, generó diversas reacciones por parte de diferentes entidades del orden distrital y nacional que piden una solución para dicha comunidad.
En la mañana del domingo 28 de noviembre se confirmó la muerte del menor a causa de un paro cardiorrespiratorio. Según la Secretaría de Salud, el menor fue enviado al Hospital San Ignacio, pero llegó sin signos vitales.
El menor de edad se encontraba en condiciones de vulnerabilidad en el Parque Nacional, pero según la Secretaría de Salud algunos líderes de este grupo no permitieron la presencia de los equipos médicos de la Secretaría de Salud en el sitio.
El Distrito ha insistido a los líderes de la comunidad para que acepten el traslado a la UPI de La Florida, donde se les asegura acceso a seguridad alimentaria y subsistencia mínima, agua potable, equipos de aseo, asistencia en salud, prestación servicio de educación, mejoramiento de infraestructura, actividades de recreación y recolección de residuos, actividades diferenciales.
Personería abre indagación preliminar
El ministerio público distrital radicó una queja disciplinaria por los hechos ocurridos que desencadenaron en la muerte del menor. Se busca precisar si hubo alguna omisión en los deberes por parte de las autoridades distritales.
En consecuencia se inició una indagación preliminar en contra de funcionarios vinculados a las Secretarías de Gobierno, Salud e Integración Social, y verificar si incurrieron en omisión constitutiva de falta disciplinaria.
Entidades nacionales piden atender la situación
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llamó la atención para contar con la voluntad de las comunidades indígenas, con el fin de garantizar la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales están constitucionalmente por encima de todos los demás, y permitir al ICBF la garantía y constatación de sus derechos.
“El pasado 19 de noviembre el Instituto interpuso una acción de tutela contra los particulares que han impedido el acceso de las autoridades y de los equipos técnicos para hacer la verificación y se solicitó una medida provisional para proteger los derechos a la vida y a la salud de los niños y niñas”, señaló Lina Arbeláez, Directora del ICBF.
Durante este periodo se han abierto cinco procesos administrativos de restablecimiento de derechos para niños que ingresaron al sector salud y fueron reportados por los hospitales que los atendieron.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades brindar atención integral a estas comunidades indígenas y que se defina la reubicación en un albergue temporal en condiciones dignas, con el fin de salvaguardar la salud y la vida de estos pueblos, considerando las difíciles condiciones en las que permanecen.
El defensor Carlos Camargo solicitó a las autoridades distritales hacer seguimiento a las gestiones adelantadas en la atención a la problemática que se presenta con la comunidad concentrada en el Parque Nacional en el marco de la política pública indígena distrital.