Juez de control de garantías impuso casa por cárcel para un exfuncionario del IDU, un contratista y dos interventores, de la administración pasada, por presunto caso de corrupción en la contratación de obras de espacio público en cinco localidades de la ciudad, que habrían generado un sobrecosto de $5.000 mil millones.
Según el material probatorio que aportó la Fiscalía, los implicados habrían acordado prórrogas, adiciones presupuestales y aumentos en los tiempos de ejecución, en contratos de obras e interventorías para la adecuación de vías y andenes en el 2016.
Germán Corredor Aguilera, exasesor en calidad de la subdirección de Infraestructuras del IDU, aceptó todos los cargos; mientras que, Tomás Pachón Sánchez, contratista de la obra, aceptó únicamente el delito de cohecho. Por su parte, Marcos Mafioly Cantillo, director de interventoría y Julio César Montaño Forero, coordinador de interventoría, no aceptaron los cargos.