Uno de los dos órganos ante los cuales el alcalde Enrique Peñalosa pidió que lo investiguen frente a eventuales favorecimientos en que pudo incurrir a financiadores de su campaña, al expedir un decreto que modificó el proyecto Proscenio que pretende construirse en el norte de Bogotá, decidió abrirle indagatoria.
La Procuraduría General de la Nación tuvo en cuenta una carta que el pasado mes de enero le envió la Defensoría del Pueblo en la que hizo varias advertencias sobre la inconveniencia del proyecto entre otras el potencial impacto negativo que originaría en el sector de La Cabrera.
Posteriormente el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, y el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, abundaron en otras denuncias según las cuales el alcalde Peñalosa expidió un decreto con el abriría paso a un plan de renovación urbana que incluye el proyecto Proscenio y que significa cuantiosas utilidades adicionales a firmas constructoras que fueron donantes de su campaña para llegar a la alcaldía de Bogotá.
El alcalde Enrique Peñalosa en su momento, ante las sucesivas columnas de Coronell y una carta que en ese sentido le envió el concejal Sarmiento, decidió también pedir tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía que lo investigarán en el caso particular de Proscenio, “en aras de garantizar los principios constitucionales de moralidad e imparcialidad, y legales de responsabilidad y transparencia”.
Al ordenar la apertura de indagación la Procuraduría le pidió al alcalde aportar los documentos que permitan conocer los fundamentos de hecho y derecho en los que se apoyó para emitir el Decreto 674 del 22 de noviembre de 2018″.
El ministerio público insta a sí mismo al alcalde Peñalosa a describir cuál ha sido la «participación del «Grupo Neme» y de las sociedades «Arpro Arquitectos», «Amarillo» y su «filial Cimento» en la estructuración del PPRU «Proscenio».