La Defensoría del Pueblo realizó una inspección sorpresa a las Unidades de Reacción Inmediata de Puente Aranda y Engativá y a la Estación de Policía de Kennedy en la capital del país, con resultados preocupantes debido a que se evidenció un hacinamiento que va desde 700 al 1000 por ciento, además de fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación.
“Pudimos evidenciar un hacinamiento del 1016% en la estación de Kennedy y en las Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda con un 776% y Engativá con 442 %. Estos lugares, pese a tener una capacidad para aproximadamente 30 personas, albergan hasta 780 detenidos”, aseguró el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.
Según el reporte de la Defensoría, más de 17.500 personas que ya han sido imputadas por algún delito y se les ha impuesto una medida de aseguramiento están en las URI y Estaciones de Policía, 1800 están imputados hace más de un año y siguen allí y 1743 están en esos lugares aun teniendo una condena.
“Las Estaciones de Policía y las URI están en condiciones de reclusión aún más precarias que las de la población privada de la libertad en los centros de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. La vulneración de derechos es evidente en estos lugares en los que los detenidos deberían estar máximo 36 horas, aunque en ocasiones permanecen hasta dos años. No se dan las condiciones mínimas en las que pueda habitar una persona ¨, puntualizó el Defensor.
Qué dice el Distrito
Ante el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, el secretario de Seguridad y Convivencia, Aníbal Fernández reportó que el hacinamiento acumulado de las Unidades de Reacción Inmediata y las Estaciones de Policía, según los reportes que manejan junto con la Fiscalía General de la Nación, es de tan solo el 150% y que se han hecho múltiples esfuerzos y gran inversión económica en el mejoramiento de las condiciones para los detenidos.
¨Junto con el Ministerio de Justicia se ha avanzado con el traslado de mas de 500 personas que se encontraban en URI o Estaciones de Policía, a centros penitenciarios administrados por el INPEC lo que significa un apoyo significativo dado por el Gobierno Nacional¨, concluyó el secretario.