¿Un réquiem anticipado para Transmilenio por la 7?

Aún son latentes las palabras del exalcalde Peñalosa afirmando que quien se atreviera a echar por la borda el proyecto de Transmilenio por la carrera 7, podría terminar en la cárcel.

Pues hoy la Contraloría General de la República dejó tambaleando la posibilidad de hacer realidad esa troncal, si es que alguna esperanza aún abrigaba el exmandatario, ya que al revelar los resultados del control excepcional sobre el proyecto presentó 13 hallazgos, 4 con implicaciones fiscales, y 9 con disciplinarias que terminarían en la Procuraduría General de la Nación.

Inicialmente la Contraloría evidenció que hubo un incremento injustificado en el costo final de la licitación del proyecto de 11.65%, que podría significar un sobrecosto cercano a los 182 mil millones de pesos y que se dio por el descuadre entre lo que presupuestó la firma consultora y lo que costó finalmente la licitación.

Así mismo se pudieron detectar eventuales irregularidades en los contratos de auditoría y en la información financiera del proyecto que habrían generado un presunto daño fiscal del orden de 280 millones de pesos, fundamentalmente por el pago mayores valores pagados al reconocerse ajustes.

Costos de mantenimiento de predios que se compraron

Según el ente fiscal el hecho de que el proyecto en la actualidad esté suspendido ocasionó que recursos por 287 mil millones de pesos que se utilizaron para la compra de predios por donde debía pasar la troncal no fueran eficaces. Al no utilizarse hasta la fecha esos predios para ese propósito, se convirtieron en carga para el distrito ya que generan costos económicos y administrativos por su cuidado, custodia y mantenimiento.

Sobre estos predios la Contraloría también encontró que en algunos casos en el proceso de compra no se les aplicó el descuento por plusvalía sobre el avalúo comercial, lo que significó dejar de recaudar una suma cercana a los 154 millones de pesos.

Hoy al evidenciarse que se esfuma la posibilidad de hacer realidad el proyecto de la troncal de Transmilenio por la 7, es incierto que podrá hacer el distrito con los predios adquiridos.

Reuniones con la comunidad

Afirma la Contraloría General que se programaron 11 reuniones de finalización sobre socialización del proyecto y al final solo se llevaron a cabo 3 lo que determinaría un detrimento patrimonial de 78 millones de pesos.

Este hecho desembocó, como hallazgo administrativo en una indagación preliminar y con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.

Más hallazgos

La Contraloría evidenció un presunto daño patrimonial contra la ciudad por 89 millones de pesos ocasionado por pagos al especialista en redes hidrosanitarias.

Fueron advertidos también problemas en el manejo de la información financiera: a juicio de los auditores, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presenta en los estados financieros a diciembre 31 de 2018 los registros, clasificación y revelaciones de ejecución de los contratos 1073 y 1104 de 2016, de consultoría y auditoría por $10.249.8 millones en la cuenta 1810 de Bienes de Uso Público en Servicio. De acuerdo con las resoluciones que rigen este aspecto de la operación, deberían estar en una cuenta diferente, hecho que podría generar sesgos en la información financiera.

A eso se suma el hecho de que el IDU prorrateó la ejecución del valor de esos contratos en Troncales diferentes a la Troncal Carrera Séptima donde fueron ejecutados otros recursos.

La Contraloría concluye que el proyecto para la construcción y adecuación de la carrera séptima de Bogotá al sistema Transmilenio, no ha resultado de acuerdo con las previsiones iniciales y su rezago amenaza con generar mayores costos administrativos y fiscales.

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